El Colegio de Abogados de Lima Norte interpuso esta demanda contra el Congreso de la República de Perú en relación con varias leyes que promovían el desarrollo de espectáculos públicos no deportivos, como las corridas de toros y las peleas de gallos. El Colegio de Abogados alegó que la legislación era inconstitucional ya que contradecía el derecho a la igualdad así como varios principios fiscales al gravar los espectáculos no deportivos pero no los deportivos. Además, alegó que, mediante estas prácticas, el Estado desatendía su deber de garantizar la participación en el patrimonio cultural nacional de Perú. El Congreso argumentó que la reclamación carecía de fundamento, ya que no se había discriminado a nadie por factores demográficos. El tribunal sostuvo que la reclamación era infundada, ya que, en última instancia, las corridas de toros son una manifestación cultural regulada y la Constitución peruana permite a los legisladores hacer uso de su discrecionalidad para imponer tributos.